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Proyecto Visión 21

¿Podemos condenar a una persona transformada por un error cometido hace 20 años?

Francisco Miraval

Max llegó a Estados Unidos desde Honduras a principios de la década de 1990, solo y sin la documentación adecuada, para escapar de la violencia en su país natal y con la meta de mejorar su vida.

Pero su juventud, su inexperiencia, la soledad y las presiones de vivir en una sociedad y en una cultura nuevas fueron demasiado para él. Por eso, como tantos otros jóvenes, un día tomó demasiado alcohol y luego salió a manejar, lo que causó que fuese arrestado por la policía.

Después de esa experiencia negativa, Max comprendió que ese estilo de vida destructor de poco le aprovecharía, por lo que decidió cambiar su vida. Consiguió un trabajo estable, se casó y tuvo cuatro hijos. Además, inició los trámites para regularizar su situación inmigratoria y comenzó a estudiar.

Hace casi cinco años Max terminó sus estudios religiosos y desde entonces se desempeña como pastor de una congregación hispanoparlante en Iowa. Además, Max es parte de varias organizaciones, comités y grupos comunitarios locales.

Para Max, ya con poco más de 40 años, la violencia de su infancia y los desaciertos de su juventud quedaron atrás. Con un matrimonio sólido, con hijos ejemplares, con un notable servicio comunitario y, ante todo, con una vida transformada, Max puede dedicarse a su triple tarea de padre de sus hijos, pastor de su congregación y dirigente de su comunidad.

O eso pensó hasta la madrugada del 3 de marzo pasado, cuando agentes federales llegaron hasta la casa de Max y lo arrestaron por aquel incidente, aquella imprudencia juvenil ocurrida hasta ya casi 20 años que ahora le impide a Max Villatoro quedarse legalmente en Estados Unidos. En el momento de escribir estas líneas, Max está a punto de ser deportado.

Max afirma que él ya no es aquella persona imprudente. De hecho, precisamente como respuesta a aquel incidente Max decidió cambiar y enmendar su vida.

Pero las leyes federales de inmigración son claras: Max, por haber conducido ebrio (aunque haya sido una sola vez y hace muchos años) se ha convertido en una amenaza para la seguridad del público y, por lo tanto, merece y debe ser deportado.

Mi pregunta es: ¿Se puede castigar a alguien por lo que hizo una vez en su juventud hace dos décadas, cuando no era ni esposo ni padre ni dirigente, y que no quiso volver a hacer como su vida desde entonces lo demuestra?

Y además, ¿realmente aumenta la seguridad de la comunidad dejar a una esposa sin su esposo, a cuatro hijos sin su padre, a una congregación sin su pastor y una comunidad sin su dirigente?

Otra vez: las leyes son claras y Max está considerado por las autoridades federales como un inmigrante de Prioridad 2 (delitos menores, incluyendo conducir embriagado) para ser deportado. Y las leyes están hechas para cumplirse, no para debatirse. Eso deber ser así.

Pero desde otra perspectiva, ¿debe un adulto transformado pagar por los “pecados” de un joven desorientado? Eso ya no me queda tan claro.

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