La semana pasada leí un interesante artículo sobre cómo la crisis económica podría causar la implementación de nuevas leyes inmigratorias, aunque no necesariamente el tipo de leyes que beneficiarían a los inmigrantes.
El artículo incluía estadísticas y entrevistas con funcionarios públicos y con expertos quienes, por separado, explicaban cómo la creciente presencia de trabajadores indocumentados estaba generando problemas para los trabajadores nacidos en el país, por lo que se pensaba incrementar las sanciones para los indocumentados, como una manera de desaminar a que otros inmigrantes ingresen ilegalmente al país.
Según la historia, las dos propuestas principales incluyen la detención por hasta 60 días antes de ser deportados de inmigrantes que usen documentos falsos para obtener empleo y la cancelación o limitación del derecho a la reunificación familiar de esos inmigrantes.
La historia podría haber sido sobre Utah, donde a partir del 1 de julio entrarán en vigor nuevas leyes inmigratorias. O podría haber sido sobre la Corte de Apelaciones Federal del Octavo Distrito (con sede en St. Louis, Missouri, que recientemente indicó que las autoridades municipales tienen la autoridad de imponer sanciones a empresarios y comerciantes que contraten a personas indocumentadas.
El artículo podría haberse referido a Nebraska, que este año aprobó nuevas leyes inmigratorias estatales, o a Colorado, donde el paquete de leyes relacionadas con inmigración entró en vigencia entre agosto del 2006 y enero del 2007.
Pero en realidad esta nota no se refería a ninguno de estos estados, ni a ningún otro estado del país, porque ni siquiera tenía que ver con Estados Unidos. En realidad, era una nota sobre la llegada de inmigrantes indocumentados africanos a España y cómo el gobierno español estaba tratando de responder a esa situación.
El hecho que España y Francia tengan problemas con inmigrantes africanos, Alemania con los turcos, Italia con los rumanos y los albanos, México con centroamericanos, Argentina con inmigrantes de países limítrofes y Estados Unidos con inmigrantes latinoamericanos, y el hecho de que en todos los casos la crisis económica lleve a endurecer las leyes inmigratorias revela la complejidad global del movimiento de personas y el poco entendimiento que existe sobre ese flujo inmigratorio.
El movimiento masivo de personas en busca de una mejor vida no es algo nuevo ni reciente (ya sucedía en la remota antigüedad) y nunca pudo ser controlado adecuadamente, ni con murallas, ni con ejércitos ni con leyes.
Ahora que vivimos en un mundo globalizado y tecnológicamente interconectado, donde el movimiento internacional de productos y servicios ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la historia humana, el movimiento internacional de personas debido a causas políticas, económicas, religiosas o sociales también alcanzará niveles nunca antes vistos.
¿Alcanzarán las “soluciones” locales (a nivel municipal, estatal o federal) para responder a este inevitable movimiento demográfico? ¿Podrá cada país por separado implementar leyes inmigratorias que lleven a una auténtica solución?
¿O habrá llegado la hora de pensar globalmente y de compartir la responsabilidad de encontrar una respuesta, como ya sucede con tantos otros temas en nuestro problemático planeta?